El gobierno de Javier Milei profundiza la discriminación hacia La Rioja, marginándola del reparto de fondos nacionales y asfixiando deliberadamente sus finanzas. Mientras Nación distribuye $12.500 millones de manera discrecional a provincias con vínculos políticos más cercanos, La Rioja no recibió ni un solo peso en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el inicio de la gestión libertaria.
La exclusión no es un detalle menor: la deuda histórica que Nación mantiene con la Provincia ya supera los 1000 millones de dólares en coparticipación y partidas extracoparticipables. Estos recursos son vitales para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. La ausencia de fondos no es solo una cuestión contable, sino un golpe directo a los derechos de los riojanos.
Milei vetó la ley que buscaba transparentar y automatizar los ATN, pero al mismo tiempo autorizó transferencias millonarias hacia jurisdicciones seleccionadas: Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco recibieron en conjunto $12.500 millones. La Rioja, otra vez, quedó en cero. La discrecionalidad desnuda la lógica del poder libertario: premios para aliados y castigos para quienes no se alinean políticamente.
Los fondos retenidos hubieran significado escuelas reparadas y conectividad en aulas rurales; hospitales equipados con insumos críticos; rutas repavimentadas y obras de infraestructura hídrica que potencian la producción; viviendas sociales para cientos de familias; programas de apoyo a Pymes que generan empleo. Cada peso negado es un derecho vulnerado, una oportunidad perdida y un golpe al desarrollo provincial.
Pese a este ahogo, el Gobierno riojano mantiene en pie políticas sociales y servicios esenciales gracias a un esfuerzo sostenido y a la reasignación de recursos propios. Sin embargo, la discriminación sistemática por parte de Nación tensiona el federalismo y vulnera el principio de igualdad entre provincias.
La Rioja no pide favores: exige lo que le corresponde por derecho. Frente a un Milei que utiliza los recursos federales como herramienta de disciplinamiento político, la provincia se planta y reclama con firmeza la restitución de cada dólar retenido.
La discriminación contra La Rioja no es un error administrativo: es una decisión política que exhibe con crudeza la fractura del federalismo bajo el actual gobierno.
