La banda de captores alquiló una casa en el Country Golf Club Argentino de José C. Paz; una de las víctimas, habría venido a vivir al país con su mujer, su hija, su suegra y un custodio después de haber hecho una estafa millonaria con criptomonedas
J. B. V. ingresó en el Country Golf Club Argentino de José C. Paz, donde vivía con su familia, a bordo de la camioneta Ford Ranger que había alquilado. Estaba acompañado por su custodio, C. M. A., quien, a pedido de su jefe, antes de entrar en la casa del lote 122, fue a comprar cigarrillos. El ciudadano colombiano no sospechó nada, pero apenas traspasó la puerta de una de las habitaciones fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo golpeó, lo ató de pies y de manos, y después de pedirle las claves de sus dos teléfonos celulares le exigió 10.000.000 de dólares para liberarlo a él, a su esposa, D. P. G.; a su hija, M. J., y a su suegra, M. T. G. Á.
La familia estuvo cautiva ocho días. Todo terminó el 20 de agosto pasado cuando se logró rescatar a la última de las víctimas. Durante las 192 horas que duró el secuestro extorsivo, según información oficial, los captores se comunicaron a Colombia con un familiar de B. V. Para exigirle como rescate “dinero, cuentas, bienes a nombre de testaferros, direcciones, todo con lo que se pueda pagar”.
A la madre de B. V., el custodio, le había informado que su hijo había sido capturado por integrantes del Cartel de Otoniel y que los delincuentes solicitaban 10.000.000 de dólares para su liberación. El plan criminal se había ideado en Colombia.
Así surge de una resolución firmada este martes por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, donde procesó con prisión preventiva a 11 sospechosos, la mayoría ciudadanos colombianos que vinieron a la Argentina desde Colombia para concretar el plan criminal.
En la investigación participaron el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas; la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), conducida por Santiago Marquevich, y detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar y de la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA).
Inteligencia desde una casa alquilada
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales, B. V. y su familia vinieron a vivir a la Argentina para salvar sus vidas. “B. V. se tuvo que escapar de Colombia. Habría protagonizado una estafa millonaria con criptomonedas”, sostuvo uno de los voceros consultados.
Para poder concretar el plan criminal y hacer la inteligencia necesaria, la banda de captores alquiló una casa por ocho días en el Country Golf Club Argentino, cercana a la que habitaban las víctimas.
“Para sacar a las víctimas del tradicional club de golf, los delincuentes simularon ser amigos de las víctimas”, sostuvieron fuentes del caso.
Se sospecha que uno de los vehículos utilizados para trasladar a las víctimas fue la camioneta alquilada por B. V., que finalmente fue abandonada en el barrio de Chacarita.
B. V. estuvo cautivo en diferentes lugares, entre ellos, una vivienda del barrio semicerrado Parque Irizar, en Fátima, en el partido de Pilar, donde finalmente fue liberado.
Finalmente no se llegó a pagar rescate, informaron fuentes judiciales. Pero de la casa de las víctimas, los captores se hicieron de un botín de “20.000 dólares, dos teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones importantes -claves, contraseñas-, Wallets de NFT, una computadora portátil marca Apple, y otra marca Assus, un reloj Rolex, dos cadenas, una de oro blanco y diamante blanco, y la otra de oro blanco y diamantes negros”.
“El cautiverio de las tres víctimas mujeres concluyó el 20 de agosto pasado, presumiblemente en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Fueron liberadas para que viajaran hacia la República de Colombia para gestionar la transferencia a favor de los captores de un inmueble que estaría registrado a nombre de su suegra el que habría sido comprado por el señor B. V. como obsequio para mujer”, afirmó el juez González Charvay en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
Expolicías implicados
Si bien el plan criminal se concretó el 12 del mes pasado, hubo un primer intento que se frustró. Fue el 30 de julio a las 18.30 en la playa de estacionamiento de un centro comercial de Pilar, donde dos expolicías bonaerenses, dos de los sospechosos procesados por González Charvay, simularon un operativo policial e intentaron capturar a B. V., que estaba acompañado de su custodio. Pero los gritos de pedido de auxilio de la víctima hizo abortar el plan criminal.
En los procesamientos con prisión preventiva, el magistrado trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 8.000.000 de pesos para cada uno.
“La historia es muy extraña. Por ejemplo, B. N. fue rescatado cuando salía de la casa donde estuvo cautivo en el Barrio Parque Irirzar caminando con sus captores. La investigación aún no terminó. Esperemos dilucidar las dudas que aún persisten”, informó una fuente de la investigación que agregó que B. V. y su familia ingresaron al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
